NUESTRAS FLORES DE SEPTIEMBRE
SIEMPRE TE SEGUIRÉ
Siempre te seguiré
como los pericos
siguen la luz del
sol…
Y sólo me detendré
al término del día,
cuando entre la última
noche
tal vez tachonada
de estrellas,
pero triste por la
despedida.
Y entonces, si
hacemos un recuento,
hablaremos de los
años sin meses,
de los meses sin
días y sin horas;
pues cuando
estuvimos juntos
se detuvo el tiempo
para dejar espacio
a nuestros locos
deseos y ocurrencias.
¿Seguirte, siempre?
Qué compromiso más
raro.
Seguirte, aunque
por la magia
de los sueños y de
los avatares
de la vida, nos
quedemos sin alas
para seguir
volando.
Seguirte, aunque se
termine el aliento
y la distancia nos
borre el camino;
Y sólo quede el
murmullo del viento
y los rastros
tenues de una nube.
Seguirte y
aprisionarte siempre,
como ahora con el
pensamiento.
Ramiro Velasco,
septiembre 2019
APRECIACIÓN CRÍTICA
DE LA POLÍTICA SALVADOREÑA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. RECOPILACIÓN DE ALGUNOS
ESCRITOS DE RAMIRO VELASCO. (Cuarta Parte)
Esta vez
quiero compartir con los amigos y amigas lectores, tres artículos que escribí
en el año 2015 y que he seleccionado de una media docena de los escritos aquel
año.
El
propósito como lo he expresado antes, es traer de nuevo tales reflexiones para
constatar si lo que se describe, tiene aplicación a la situación actual del
país; con el fin de evitar los abusos de poder, la apropiación indebida de los
recursos del Estado y cualquier desatino en materia de “política” que es tal
vez la más elevada forma de convivencia colectiva.
Esto escribí en
febrero de 2015.
EL
JUEGO DE LA POLÍTICA
En la terminología utilizada por los politólogos
es frecuente la utilización de términos como escena política, actores
políticos, palestra, imagen pública, etc. Y es que en verdad en la política
sucede lo que en el teatro, existen actores que desarrollan determinados
papeles, según el libreto o los intereses de los partidos políticos o los
centros de poder a los que ellos responden. Y en ese escenario político, los
actores representan o actúan siguiendo los patrones que les dictan la ideología
partidaria y mayormente las cúpulas partidarias que al final responden a grupos
de interés a los que representan.
Como se sabe, en el mundo de la
política existen dos dimensiones, una es la del deber ser que se
recoge por ejemplo, en el ámbito constitucional y la otra, la que se
muestra en el terreno de la acción, cuando se realiza un determinado
comportamiento del político. Así por ejemplo, a nivel del deber ser, la
Constitución de la República de El Salvador, establece en su Artículo 125 que
“los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún
mandato imperativo.” Sin embargo, en el ámbito de las actuaciones sucede todo
lo contrario y por lo general los diputados han respondido históricamente a los
intereses de las cúpulas partidarias en la aprobación de determinadas leyes.
Pero volviendo al juego político,
resulta interesante constatar cómo mucha gente seguidora de un partido político
toma tan en serio lo que en verdad es sólo un juego. Si no, veamos los pleitos
tan frecuentes entre los fanáticos partidarios que son capaces en un momento
dado de sacar una pistola o un machete para defender la propaganda electoral,
las consignas del partido o la figura de su candidato, cuando éste despierta
tanta simpatía y atracción, pero que no hace más que embelesar a su público e
ilusionarlo tras una idea o una propuesta. O lo que sucede
frecuentemente en un foro como la Asamblea Legislativa, cuando en la plenaria
los diputados se sacan los trapos al sol en una pugna aparentemente
irreconciliable en la que actúan para las cámaras, mientras que al encontrarse
en los pasillos o en otra circunstancia, se abrazan o dan la mano como lo hacen
los colegas o los amigos.
Para actuar en el juego de la
política el verdadero político debe tener dotes como la tolerancia, el don de
gentes, la astucia, el talento, la eficiencia, la capacidad de innovación, la
decisión, la prudencia, la capacidad de concertación y la responsabilidad.
Por supuesto que en nuestro país es
mucho pedir para nuestros diputados, muchos de los cuales no tienen ni la
instrucción notoria que exige la Constitución y menos la formación política
adecuada.
Y para el caso de una sociedad tan
polarizada como la nuestra, es requisito indispensable que los políticos se
empapen de la cultura de paz que pasa por la tolerancia a las ideas de los
demás, el diálogo y la concertación.
Un ejemplo que es clásico en la
historia política salvadoreña, es la figura del político de derecha, Francisco
José Guerrero conocido más como el Chachi Guerrero, abogado distinguido y que
fuera fundador del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Presidente de la
Asamblea Legislativa, Canciller y Ministro de la Presidencia.
Al Chachi, se le reconoció en su
momento como un hombre hábil, capaz de acercar posiciones entre los partidos
principales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) beligerantes a muerte en el ambiente político
salvadoreño de los años ochenta.
Si entendiéramos que la política es
realmente un juego, disminuiría como por arte de magia la polarización que es
mantenida justamente en el caso de El Salvador, por las dos principales fuerzas
políticas que vienen desde la guerra y que están constituidas en sus cúpulas
por militantes de hueso duro a los que les conviene la división y que sus
seguidores luchen por sus consignas, si es necesario con el machete
desenvainado.
La población y los seguidores de a
pie de los dos grandes partidos, debieran pensar que al final de cuentas, toda
esa lucha partidaria que a veces se enciende al rojo vivo, es sólo una
estratagema que se hace para lograr más votos y responder a los intereses del
grupo que busca el poder político.
Por lo tanto, parte de la cultura
política es tomar con cierta frialdad lo que los políticos nos quieren vender
en ese mundillo que mueve tanto interés y emoción, especialmente en el marco de
una coyuntura electoral.
Y en mayo de 2015
escribí:
EL SALVADOR UN PAÍS TRADICIONALMENTE
PRESIDENCIALISTA Y CENTRALIZADO
Nuestro sistema de gobierno contrario a muchos
países que adoptaron el federalismo como forma de administración del poder
político, está organizado de manera centralizada.
Lo anterior significa que el poder político se
ejerce de manera unitaria en todo el territorio nacional y local salvadoreño,
sin que haya una división territorial del poder. Lo que existe en
todo caso, es una desconcentración limitada del poder. Mientras que en un
sistema federal, el poder político se distribuye en dos ámbitos: el nivel
federal con atribuciones que se aplican a nivel nacional y el nivel
descentralizado constituido por estados, regiones, provincias, departamentos o
comunidades con atribuciones propias y soberanas.
En teoría, el federalismo se estima más conveniente
en países con gran territorio e importantes diferencias culturales y
sociales como los Estados Unidos de América, Alemania, Brasil, etc.
Mientras que el sistema centralista parece ser más
conveniente en países territorialmente pequeños y sin mayores diferencias
sociales y culturales en su población, como es el caso salvadoreño.
Cuando se habla de poder vertical se hace
referencia a la distribución del poder político del estado, tanto en el ámbito
central como en el de otras divisiones territoriales que desarrollan sus
funciones sólo para esa parte del estado.
Y se considera poder horizontal, la distribución interna
del estado en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo importante en el poder horizontal es que se debe
dar una distribución equilibrada del poder y que existan los suficientes pesos
y contrapesos para alcanzar lo que se denomina un balance en el poder entre los
órganos del estado.
Para el caso salvadoreño, además de
organizarse el estado de una manera centralizada, se ha otorgado
tradicionalmente un elevado poder al presidente del Órgano Ejecutivo respecto a
otros Órganos, como lo explica José Alejandro
Cepeda en su artículo “El Presidencialismo en El Salvador: Análisis
de su evolución a dos décadas del Proceso de Paz (1992- 2012”).[1]
Tal uso del poder según Cepeda, se debe por una
parte, a la tradición presidencialista heredera del caudillismo del siglo XIX y
que los Padres de la patria republicana concibieron de manera diferente a las
experiencias parlamentarias de Europa; los contextos semicompetitivos y
autoritarios de principios del siglo XX, la experiencia dolorosa del Martinato,
los posteriores gobiernos militaristas y el rol de oligarquía hasta 1979, en lo
que puede denominarse “hiperpresidencialismo” (siguiendo la clasificación de Dieter
Nohlen); y una especie de transición hacia la democracia con el
Gobierno del Presidente Duarte, Álvaro Magaña, la Constitución
Política de 1983 y el gobierno de Alfredo Cristiani, caracterizados por un
“presidencialismo dominante” según la clasificación de Nohlen, hasta
los Acuerdos de Paz de 1992 y las elecciones de 1994, que representaron la
consolidación del sistema de partidos políticos y la mayor importancia de la
Asamblea Legislativa y de un sistema judicial más eficiente.
Cepeda, destaca además, la disminución de las
atribuciones del presidente de la República en la actualidad, de acuerdo a la
Constitución y que pasaron a ser prerrogativas de la Asamblea Legislativa,
acabándose el desproporcionado alcance clientelar de que gozaba la cabeza del
ejecutivo antes de 1983. Sin embargo, el mismo articulista menciona cómo el
presidente, mantiene todavía “el derecho a elegir los gobernadores de cada
departamento, lo cual demuestra la persistencia de un modelo más centralista,
aunque a nivel municipal la democracia descentralizadora se ha extendido para
la elección de los alcaldes y los concejos municipales, siendo
éstos autónomos económica, técnica
y administrativamente”.
Cepeda, menciona además cómo “el presidente tiene
la atribución dentro del Consejo de Ministros de elaborar el plan general de
gobierno y el presupuesto nacional a presentar en la Asamblea Legislativa. En
este sentido, aunque el presidente en efecto sigue siendo determinante y
fuerte, hay un mayor equilibro frente al legislativo desde la década de 1980
corroborado luego de 1992, pues el presidente así como ha cedido, también
obliga al congreso a mantenerse reunido para trabajar, pues en caso tal podrían
suspenderse las garantías constitucionales, así como convocarlo extraordinariamente
en caso de necesidad”.
Más adelante el mismo articulista señala en cuanto
a las fuerzas armadas, que “el presidencialismo en el Salvador consiguió un
avance fundamental a partir de la década de 1980: al desmarcarse de la relación
tutelar y de control directo por parte de las fuerzas armadas. Se trató de la
superación del modelo que imperó entre 1948 y 1979, que promovía candidaturas
oficialistas militares a la presidencia, lo que redundó en el
prolongado sistema político autoritario y
semicompetitivo descrito… por lo que
a partir de 1992 no se puede hablar de un
presidencialismo condicionado por lo militar”.
Después de un análisis exhaustivo sobre el tema,
Cepeda termina clasificando al presidencialismo actual salvadoreño siguiendo a
Nohlen, como un “presidencialismo reforzado” es decir más avanzado que el
“Hiperpresidencialismo o dominante” pero menos, que el “Puro o equilibrado”
como el de Estados Unidos de América y el “Atenuado o
el Parlamentarizado”, al incluir en el caso
salvadoreño en los últimos tiempos, la participación de otros elementos del
sistema político como las instituciones de control, el abanico partidista, los
grupos de presión, la opinión pública y la sociedad civil.
Desde mi perspectiva, aunque el presidencialismo y
las atribuciones del Órgano Ejecutivo, se han visto bastante disminuidas
respecto a lo que eran hace treinta y tres años, persiste también un peso muy
fuerte del ejecutivo, especialmente en el ámbito departamental y municipal; y
más específicamente, en cuanto a la distribución de los recursos financieros
del estado, la planeación y ejecución de acciones para una mayor atención a la
población en el ámbito educativo, cultural, de salud, de seguridad, de
infraestructura, etc. Lo que sugiere que hace falta a futuro, una reforma del
estado desde tal perspectiva.
Por otro lado, pareciera que la disminución del
presidencialismo ha significado un fortalecimiento de la partidocracia, a raíz
de la introducción en la Constitución de la República vigente, del artículo 85
que establece que el sistema político se expresa por medio de los partidos
políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación
del pueblo dentro del gobierno. El artículo anterior, como lo hemos sostenido
en este blog debiera ser reformado. (Ver sitio
siguiente): http://ramirovelasco.blogspot.com/2010_12_01_archive.html Pero
esto último, es otro tema.
Y en Octubre de
2015, escribí:
UNA
MAYOR CONCIENCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR
Sobre la corrupción en la
Administración Pública escribimos una página hace 2 años, en agosto de 2013.
Entonces señalábamos algunos avances sobre la acción punitiva de tales
prácticas, más por la prensa que por las instituciones del Estado creadas para
tal fin. Ver sitio: http://ramirovelasco.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html
Hoy de nuevo podemos afirmar que
gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, se constata en el
ambiente salvadoreño, una mayor toma de conciencia de la población sobre los
actos de corrupción de funcionarios públicos, especialmente de algunos muy
conocidos, como diputados, ex ministros y ex presidentes de la República.
Esa mayor conciencia de la gente, se
puede constatar también en los rápidos sondeos o espacios de opinión que hacen
de vez en cuando, especialmente los medios radiales y televisivos sobre este
tema. Y en ellos, se advierte en el ánimo de las personas en primer lugar, su
condena por tales actos y después el llamado, a que las instancias
que tienen por misión atacar la corrupción, sean más eficientes y efectivas.
En las últimas semanas, periódicos
como La Prensa Gráfica y El Faro han divulgado importante
información sobre personas en concreto que siendo empleados públicos, muestran
un enriquecimiento excepcional de varios millones de dólares y sobre los que la
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia debe informar en su
oportunidad, si tal enriquecimiento muestra alguna responsabilidad de ilícito
de acuerdo a la ley.
Menos mal que la Corte Suprema de
Justicia actual, según lo comenta El Faro, le ha devuelto
algunas facultades a la Sección de Probidad, como la de pedir información a los
bancos sobre funcionarios y ex funcionarios que muestren indicios de
enriquecimiento ilícito, cosa que le fue prohibida por la Corte Suprema en el
2005, durante la gestión del Magistrado Agustín García
Calderón. Debe recordarse que en aquel momento era Jefe de Probidad
José Eduardo Cáceres, que de manera muy noble y valiente renunció a
dicho cargo, ante aquel atropello.
Ver más sobre este caso en el
sitio: http://www.contrapunto.com.sv/politica/historia-de-la-ley-desdentada
La decisión de la Corte Suprema de
Justicia ha permitido que en la Fiscalía se abra expediente al Diputado
Reynaldo Cardoza para investigar el posible enriquecimiento ilícito y que la
Sección de Probidad entregue este año, a solicitud del Instituto de Acceso a la
Información, las auditorías a las declaraciones de patrimonio de los ex
presidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio
Funes.
Como se sabe, existen en El Salvador,
varias leyes que tienen que ver con el ataque a los actos de corrupción como
las siguientes: Ley de Enriquecimiento Ilícito (1959 y reformas hasta 1992; Ley
de la Corte de Cuentas de la República (1995 y reformas
posteriores); Ley de Ética gubernamental (2008); y Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2010).
Debe decirse que en El Salvador,
existen varias instituciones creadas con el fin de fiscalizar el manejo de los
recursos del estado y establecer responsabilidad administrativa y patrimonial,
como la Corte de Cuentas de la República; como la Fiscalía General de la
República para enjuiciar y castigar a los responsables de los malos manejos de
los fondos públicos; y como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de
Justicia para comprobar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios
públicos. También existen otras instancias creadas en años
recientes, como El Tribunal de Ética Gubernamental para contribuir a
que se cumpla la Ley de Ética Gubernamental; y la Secretaría de Transparencia y
el Instituto de Acceso a la Información Pública, creados para hacer cumplir la
Ley de Acceso a la Información.
El Gobierno por su parte creó no hace
mucho tiempo, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y
Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador, sobre la
que se constata un buen avance, al menos con información de algunos
casos, especialmente con apoyo de su Portal denominado “Transparencia Activa”
ver sitio: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/
Sin embargo, queda la duda
si la información que recolecta esta Secretaría, se refiere a casos mayormente
vinculados a la oposición política y a tiempos pasados y no a las últimas dos
administraciones de gobierno.
En septiembre
pasado, también el Gobierno salvadoreño por medio de la
Secretaría de Transparencia y organizaciones civiles, lanzó “el
Observatorio Alianza para el Gobierno Abierto, un espacio para dar seguimiento
y evaluar el compromiso de transparencia adquirido en el Plan de Acción
2014-2016”.
Con la Ley de Acceso a la Información
Pública de 2010, Ver sitio:
http://accesoinformacionelsalvador.org/documentos/LEYDEACCESOALAINFORMACION.pdf se establece especialmente la
información oficiosa que deben hacer pública los órganos e instituciones del
Estado; se crean oficiales de información en las instituciones y el rol y
funciones de los Comisionados. En dicha ley en el Art 51, se crea también, el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Debe decirse que con esta ley se dio
un paso muy importante y que el Instituto ha venido mostrando mucha eficiencia
en su labor.
Ley de Ética Gubernamental creada en el 2006, tiene como propósito,
salvaguardar el patrimonio del estado; detectar la corrupción de los servidores
públicos que utilicen los empleos para enriquecerse ilícitamente, aprovechando
dichos cargos para beneficio personal.
Esta ley debiera ser conocida por
todo empleado público, pero especialmente, los que ocupan cargos de dirección,
tanto del Gobierno Central, de la Asamblea Legislativa, del Órgano Judicial,
del Ministerio Público y de las Municipalidades.
Tal vez vale la pena mencionar
algunas de las prohibiciones explícitas de esta ley y cuyo incumplimiento es
frecuente en El Salvador y que son las siguientes:
1. Solicitar o aceptar, directamente
o por interpósita persona, dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro
tipo de regalías, por acciones relacionadas con las funciones del cargo
público.
2. Prevalecerse de su cargo
público para obtener o procurar beneficios privados.
3. Desempeñar simultáneamente dos o
más empleos en el sector público, salvo los casos permitidos en la ley.
4. Utilizar, para beneficio privado,
la información reservada o privilegiada que obtenga en función de su cargo.
5. Negarse a proporcionar información
de su función pública, exceptuando las que establecen la Constitución y la ley.
6. Intervenir en cualquier asunto en
el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga conflicto de intereses.
7. Nombrar a parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten
servicios en la entidad que preside o se desempeñe.
8. Discriminar a la persona en la
prestación de un servicio del Estado por motivos de nacionalidad, raza, sexo,
religión, ideología, opinión política, condición social o económica.
La ley mencionada, tiene deficiencias
en su aplicación para imponer sanciones a los infractores y hasta la fecha no
se ha conocido de casos condenatorios, cuando es evidente que muchos empleados
públicos, tanto del gobierno central, de las municipalidades y de otros Órganos
del Estado, infringen lo regulado en la ley.
El mismo Tribunal de Ética, cuerpo colegiado
integrado por varios miembros y representativo de diferentes
instituciones, ha hecho una propuesta de reforma a dicha ley
incorporando como sanciones, multas en vez de despidos de los empleados
públicos; que se pueda procesar a ex funcionarios; y que
el Tribunal pueda proceder de oficio en casos de violación a la ley.
Falta tanto por hacer para que se
apliquen las leyes sobre la corrupción en El Salvador, que junto a
problemas estructurales y a la violencia, es un mal que debe ser combatido en forma
permanente desde todos los niveles de la sociedad salvadoreña.
A manera de Conclusión:
Espero que los
escritos puestos a consideración, hayan sido de interés para los amables
lectores y que puedan contribuir en alguna medida, a ahondar la conciencia para
mejorar el comportamiento político de nuestra sociedad salvadoreña.
