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LOS GÚISQUILES DE NUESTROS HUERTOS CASEROS (Con un click aumenta la imagen) |
El
mentireológico nacional
La
tarea de predecir el tiempo es inmemorial. Nuestros indígenas mayas eran
expertos para la época, en astronomía y seguramente que tenían un acervo de
conocimientos en lo que respecta al régimen de lluvias.
De
allí tal vez, la tradición de nuestros abuelos de pronosticar el inicio de la
estación lluviosa con base a las famosas cabañuelas que eran las lluvias tenues
de enero. Si éstas ocurrían el primero de aquel mes, significaba que el
invierno se iniciaría en mayo. Si tardaban más allá de aquella fecha, era que
la entrada de las lluvias se generalizaría hasta en el mes de junio.
Por
otra parte, si las chiltotas hacían sus nidos muy bajos, era señal que habría
muchas tormentas huracanadas en el año. De acuerdo a aquellas señales, ellos hacían
sus preparativos para la siembra del maíz y del frijol.
En
cuanto a la salida del invierno, era muy importante ver las bandadas de
azacuanes que pasaban de norte a sur; que llegaban alejándose del frío para
disfrutar del cambio de estación en el hemisferio sur. Entonces nuestros
abuelos tomaban sus providencias para el verano que se aproximaba.
Somos
conscientes que en los últimos treinta años, el clima se ha puesto tan loco como nuestros
políticos y que es bastante difícil predecir con algunos meses de anticipación
cómo se va a dar el régimen de lluvias o de la temporada seca.
Es
posible que con el cambio climático, aún en los países desarrollados este
problema no sea tan fácil de resolver. No digamos en nuestro país, en donde
todavía usamos equipos de meteorología que trajo Cristóbal Colón y en donde los
expertos en este campo se cuentan con los dedos de la mano. Además, como los
salvadoreños siempre tenemos un sexto sentido y nadamos contra corriente, sacamos
el paraguas cuando nos dicen que no va a llover o lo dejamos en casa cuando
anuncian lluvias; pues la credibilidad en los pronósticos oficiales es muy
poca.
Pero
la reacción popular no es infundada. El año pasado, por ejemplo, algunos altos
funcionarios del ramo de medio ambiente y de agricultura metieron las extremidades
en forma estrepitosa, en eso de las adivinaciones climáticas. Allá por los meses
de junio y julio del 2010, previnieron a los agricultores que no sembraran en
agosto, pues el régimen de lluvias se extendería hasta noviembre. Muchos
agricultores siguiendo la recomendación, hicieron su segunda siembra muy tarde,
con las catastróficas consecuencias que el invierno se acabó pronto y se perdieron
en el país unas dos terceras partes de la producción de granos básicos. En
países más exigentes, tales funcionarios mentireólogicos habrían pagado con la
separación de sus cargos, por los daños que sus lamentables premoniciones causaron
a la población.
Con
la entrada del presente invierno, ha sucedido lo mismo. Anunciaron que se
iniciaría a principios de mayo y recomendaron sembrar a partir del 21 de mayo
de manera generalizada. Y es más, se atrevieron a presagiar que las lluvias
serían más copiosas en la zona paracentral y en el occidente y muy débiles en el oriente del país. Sin
embargo, aparte de algunas lluvias a principios de mayo no volvió a llover, si no
hasta principios de junio cuando cayeron unas cuantas lluvias débiles en forma
no apta para sembrar. Y en donde más llovió fue en el oriente del país,
contrario a lo pronosticado por las fuentes oficiales.
Dados
los resultados anteriores, tal vez lo más recomendable sería que nuestros
agricultores constaten que los azacuanes han pasado hacia el norte y sigan su
instinto tradicional para cerciorarse de la entrada definitiva de la estación
lluviosa antes de efectuar sus siembras.
Y
en cuanto a los titulares de Medio Ambiente, de Protección Civil y de
Agricultura, sería mejor que escuchen atentamente, si están cantando de manera
insistente los chontes, antes de hacer sus anuncios de posibles lluvias. Otra
alternativa, es que contraten los servicios del Mago Fanci o del Mago Yin,
antes de hacer sus pronósticos en forma tan anticipada y errática.
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Un gobierno igual a los
otros en el uso de los recursos y en algunas
decisiones
Se
dice que las comparaciones son odiosas, pero en política resultan muy convenientes,
especialmente cuando en la campaña presidencial se nos vendió hasta la saciedad,
el spot del cambio.
Debo
decir que yo fui de los que apoyé un posible gobierno de Mauricio Funes, por lo
que con mayor razón debo decir lo que ahora no me parece bien.
Y
digo que el actual es un gobierno igual a los anteriores, pues los cambios, a
no ser por las personas nombradas en los cargos de primera línea, son escasos
en temas fundamentales como el que nos ocupa.
Por
ejemplo, una de las acusaciones fuertes del candidato presidencial Mauricio Funes
en la campaña, fue el gasto excesivo del gobierno anterior en publicidad; pero
a mí me parece que lo mismo sucede con el gobierno actual. Con el agravante,
que la situación de crisis económica se ha empeorado y que los recursos del
estado son cada vez más escasos.
Otro
tema importante, es el elevado nivel de endeudamiento externo en que se ha
sumido al estado, que ya sobrepasa el 54% del PIB; cuando el FMLN, actual
partido de gobierno, se opuso en años pasados a aprobar préstamos, señalando
que llegar al 40% del PIB era muy peligroso.
Un
ejemplo ilustrativo de lo anterior, es el caso del BID que aprobó en el año dos mil diez, 19 operaciones por un monto cercano a los 500
millones de dólares; y para el dos mil once, espera aprobar siete préstamos por
un monto aproximado de 300 millones, según lo expresó la gerente de dicho banco
para Centroamérica, en febrero pasado. Es decir, que la situación es mucho más
seria en cuanto al endeudamiento que en el pasado.
Otro
tema que para mí es tremendamente importante y que no tiene visos de corrección,
son los desmedidos gastos no esenciales que debieran ser corregidos al menos como
muestra de que algo se hace en materia de austeridad, cuando las finanzas del
estado son tan críticas. Es el caso de de la gran cantidad de esquela
mortuorias en los periódicos, cuando fallecen familiares cercanos de altos
funcionarios públicos y de empleados de segundo y hasta de tercer nivel. Cada
esquela no cuesta menos de unos quinientos dólares. Y esto ocurre en toda la
Administración Pública. En este caso, si tanta es la consternación por la
persona fallecida, tales esquelas debieran pagarse con los fondos propios de
los firmantes y no con las contribuciones de todos los salvadoreños que pagamos
los impuestos. Y esto se pudiera corregir con sólo una circular del Ministerio
de Hacienda en la que se indique que tales gastos no son elegibles de pago en
ninguna circunstancia.
Lo
mismo se puede decir, de los innumerables viajes de funcionarios, comenzando por el Presidente de la República que
se acompaña de comitivas excesivas y muchas veces innecesarias y que
seguramente engrosan los gastos de la partidas medio secretas de Casa
Presidencial.
Como
en mi caso, me tocó viajar algunas veces en misión oficial, cuando ostenté
cargos de director o de jefe de departamento en el estado, debo aclarar que lo hice,
con cargo a fondos de organismos internacionales que pagaron mis viajes y
viáticos y que yo recuerde, nunca viajé con cargo a partidas de fondos del
gobierno. Es más, debo señalar que en la mayor parte del conflicto bélico, el Gobierno
del Presidente Duarte prohibió toda salida al exterior que implicara gastos con
cargo a los fondos del gobierno y que no fuera de estricta necesidad.
Otro
caso interesante es lo que ocurre en el Ramo de Relaciones Exteriores. Cuando
se debieran priorizar los gastos del servicio exterior, se tiene la impresión
que se han abierto nuevas representaciones diplomáticas en nuevos países con
nombramiento de nuevos funcionarios y creación de oficinas, sin que
probablemente se haya hecho un estudio a profundidad de los beneficios de lo
que ello implica en gastos para el erario nacional. En este sentido, debo
recordar que hasta países desarrollados utilizan el mecanismo de las
representaciones concurrentes (los diplomáticos residen en un país de la región en el que tienen representación y
son acreditados ante uno o más estados ) y por qué no debiera hacerse en el
caso de un país pobre como el nuestro. También existe la modalidad de misiones
diplomáticas conjuntas en las que dos o
más estados acreditantes abren una embajada en el mismo país receptor y comparten
las mismas instalaciones para ahorrar recursos. Esta sería una modalidad
adecuada para países centroamericanos como se ha señalado tantas veces, pero
que no se lleva a la práctica.
Siempre
en el campo de la política exterior, sabemos que normalmente se pagan cuotas de
membrecía y una serie de contribuciones a organismos internacionales que en
algunos casos, muy poco aportan a los intereses nacionales. Sobre este tema
debo mencionar que en el año 1985, la Dirección que yo dirigía en el antiguo
MIPLAN hizo un estudio de costo beneficio de pagos a organismos internacionales
y en muchos casos se comprobó que se hacían pagos con cargo al erario nacional mucho
mayores que los beneficios que se recibía de los mismos. Este tipo de estudios
puede llevar a decisiones, si no de alejarse de tales organismos, al menos de pedir moratorias en los pagos de
membrecía o de obtener mayores aportes de cooperación internacional.
Por
otra parte, es muy prestigioso para el país ser sede de reuniones de organismos
internacionales, pero tales eventos cuestan un ojo de la cara y los resultados
aparte de las excelentes declaraciones son de escaso beneficio para el país.
Lo
que quiero indicar, es que debe estimarse la capacidad real del erario nacional
para comprometer fondos sólo por mantener la tradición y una mal entendida
solidaridad internacional de un país clasificado como de renta media, pero que en la práctica es de renta baja, dada
baja disponibilidad de recursos financieros estatales.
Para
terminar sólo quisiera señalar un poco fuera de tema, otra característica del
gobierno actual y que se acaba de demostrar al cumplirse el segundo
aniversario, y es el uso de la famosa “rueda de caballitos” en el nombramiento
de los mismos funcionarios de una cartera a otra del estado; lo que demuestra
que en algunos casos, los nombramientos no se hacen por la idoneidad de las
personas, sino más bien para mantener a las mismas personas en importantes puestos
del gabinete de gobierno.
Y
otro hecho importante que debiera ser corregido, es que personas extranjeras sean
nombradas en puestos de primer nivel, cuando bien podrían fungir como asesores.
Este dato pareciera indicar cierto menosprecio por los nacionales que pueden
tener similares o mejores capacidades para desempeñar tales cargos.
Como
reflexión final, quisiera señalar que de no aplicar los correctivos necesarios
sobre el uso de los recursos y las medidas de austeridad que se hacen urgentes,
este gobierno dejará al próximo, con serias lagunas financieras en el erario
público, como sucedió hace dos años.
Nuestro
mundillo Político
El avispero está alborotado
Después
de dos meses de haber escrito sobre el tema, el ambiente salvadoreño se ha
visto inmerso en una vorágine de hechos propios de un país tremendamente
atrasado en materia política, especialmente en el campo electoral.
En
este corto período, las aguas comenzaron a subir de nivel, debido al fuerte
impulso dado a la campaña electoral, bajo el pretexto de la selección de los
candidatos a alcaldes, así como los comentarios y la publicidad excesiva en
ocasión del segundo aniversario del gobierno del Presidente Funes y de los
gobiernos locales.
Gran
parte de la atención se centró primeramente en las discusiones relativas a las
reformas electorales, a raíz de las sentencias dictadas por la Sala de lo
Constitucional. Las primeras sentencias de inconstitucionalidad de la
mencionada Sala, se emitieron en el 2010 y se referían a: las candidaturas
independientes y las listas cerradas de candidatos a diputados; y los artículos
2 y 6 de la ley del presupuesto, relacionados con el uso de fondos destinados a
la Presidencia de la República (partidas secretas).
Pero
las sentencias que más alborotaron el panal de los intereses partidarios, han
tenido lugar en lo que va del año 2011 y se referían a: la proporcionalidad del
número de diputados de acuerdo a la población en las circunscripciones
electorales; la inconstitucionalidad del
Decreto 586 emitido en el 2005, que dejó
vivos a los partidos de derecha PCN y PDC después de las elecciones de 2004, sin
haber alcanzado los votos necesarios y su consecuente cancelación de acuerdo a
lo previsto en el Código Electoral; y la inconstitucionalidad del Decreto por el que se nombró magistrados del Tribunal
Supremo Electoral, a Julio Moreno Niños del PCN y Oscar Morales Herrera del PDC
y su consecuente destitución.
Las
decisiones de la Sala de lo Constitucional que implicaron la supresión del PCN
y el PDC, más el temor por nuevas sentencias en temas que fueron aprobados en
el pasado, como la Ley de Amnistía y el TLC
con los Estados Unidos, se convirtieron en un verdadero tsunami político entre los partidos de derecha, el
FMLN y hasta la Presidencia de la República. Tales temores condujeron a los
diputados de derecha a que aprobaran de emergencia el Decreto 743 y que persuadieran
al Presidente de la República para que lo sancionara como ley, el mismo día. El
decreto se refería a una reforma a la Ley Orgánica Judicial para que la Sala de
lo Constitucional emita los fallos en adelante por unanimidad. Este decreto iba
con dedicatoria contra 4 de los magistrados de la Sala que han tenido la
oposición, en casi todas las sentencias mencionadas, del quinto magistrado Néstor
Castaneda, un hombre plegado a la derecha. Además el decreto lleva la saña de
la temporalidad, pues tendría vigencia hasta el término del período en que
deben ser nombrados nuevos magistrados.
Aunque
el decreto 743 no recibió los votos del FMLN, este partido ha demostrado con
sus actuaciones que estaba de acuerdo con él, ya que se niega a que sea
derogado según lo propuso ARENA, partido
éste último, que se ha mostrado públicamente arrepentido de haber dado sus
votos para aprobarlo, una vez que considera que la ley de amnistía emitida como
resultado del Acuerdo de Paz, no sería declarada inconstitucional. Como se
sabe, aquella ley fue emitida para dar por olvidados, delitos políticos
cometidos por militares y guerrilleros; y presentaba algunos visos de
inconstitucionalidad por haberse emitido en el mismo período presidencial
(1993) cuando se cometieron varios delitos, contraviniendo el Art. 244 de la
Constitución.
En
la aprobación del decreto 743 también fue presionado el Presidente de la
República que probablemente mal asesorado, ha ayudado a que el problema se
complique, haciéndose parte, junto a la Asamblea Legislativa, de una
intromisión en el Poder Judicial y por lo tanto, entrando a un túnel oscuro que
atenta contra la institucionalidad y la independencia de los órganos del estado,
contraviniendo el Art. 86 de la Constitución de la República.
En
un análisis resumido de la situación, se puede afirmar que los temas que
comenzaron a alborotar el avispero,
fueron las primeras sentencias de inconstitucionalidad dictadas por los
4 magistrados Florentín Meléndez, María Luz Regalado, José Belarmino Jaime ,
Rodolfo González y Sidney Blanco, nombrados en julio de 2009; pero que las
últimas sentencias y el temor por otras que pudieran darse, ha hecho que
estallara una verdadera bomba en las cúpulas partidarias y que las represalias contra
los cuatro magistrados llegaran a su máxima expresión.
Debe
decirse, para las personas un poco ajenas a nuestra realidad, que El Salvador
es uno de los países más atrasados en cuanto al sistema político y al proceso
electoral de América Latina. Y la razón fundamental es que las cúpulas
partidarias han manipulado históricamente las leyes a su favor, irrespetando la
institucionalidad señalada por la Constitución de la República y limitando una verdadera participación del
pueblo especialmente en el campo electoral.
En
la misma Constitución existen disposiciones como el Art. 85 aprobado en 1983,
en el fragor del conflicto interno, que otorgaron a los partidos políticos un
blindaje y un rol desproporcionado que no responde a la época actual de supuesta
transición hacia la democracia (Ver “Política electoral salvadoreña y sus
bemoles”, en este mismo blog, en el
siguiente sitio: http://ramirovelasco.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
Sin
embargo, a pesar de disponer de un marco legal que ya otorga privilegios desmedidos a los partidos
políticos, éstos, incluyendo al FMLN que muchos consideraban en el pasado que
podría ser diferente a los partidos tradicionales, han continuado manipulando las leyes para dar
respuesta a sus intereses y se niegan a aceptar cualquier reforma que permita una
mayor participación ciudadana en el campo político y electoral.
El
criterio que ha llegado a ser una verdad absoluta para jugar con las leyes por
parte de los partidos políticos, es que “así como se hacen las leyes, así se
deshacen” sin importar las violaciones a la Constitución.
En
el pasado, la Corte Suprema de Justicia fue un órgano al servicio de los
intereses de los gobernantes de turno y de las dirigencias partidarias que siempre
sumaron los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para hacer y deshacer
las leyes de acuerdo a sus intereses. Y en este último Órgano, los diputados
tradicionalmente han votado según lo indica la cúpula partidaria y no como lo ordena
la Constitución de la República, Artículo 125, que textualmente dice: “Los
diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato
imperativo…”
Frente
a esa situación caótica, cuatro magistrados valientes de la Sala de lo
Constitucional comenzaron a resolver recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por personas progresistas, ante decretos arbitrarios e inconsultos
dados en el pasado, tal como lo establece la norma constitucional.
Las
sentencias de la Sala por supuesto, han repercutido en las dirigencias partidarias
que fueron responsables de leyes, decretos y resoluciones amañadas, especialmente
en el campo electoral. Tales dirigencias, de lo que se ha dado en llamar la
“clase política”, han querido seguir la
tónica del pasado que era presionar utilizando el poder político y corregir la
plana con nuevos decretos ley, hechos a conveniencia. Pero las cosas han
cambiado y por fin una Sala de lo Constitucional honorable, hace valer lo que
dicta la Constitución de la República y ha demostrado que no está dispuesta a
prestarse a manipulaciones partidarias o de poder político.
Lo
importante en este escenario, es que ha aparecido otro actor importante que se
llama sociedad civil que se está enfrentado de manera ejemplar contra los
poderes tradicionales que representan los partidos políticos. Basta ver las
decenas de pronunciamientos y manifestaciones de ONGs, instituciones
progresistas académicas, de organizaciones populares, de la empresa privada, nuevos
grupos de jóvenes y de ciudadanos y ciudadanas independientes que apoyamos a la
Sala de lo Constitucional.
Ojalá
que las cúpulas y todos los partidos políticos no sólo traten de apagar el
incendio ocasionado en esta coyuntura, si no que atiendan la posición de la
mayor parte de la sociedad civil en apoyo a las actuaciones de los cuatro magistrados
de la Sala de lo Constitucional y de las reformas urgentes que requiere el
sistema político salvadoreño.
POR FAVOR, CONTESTE LA PREGUNTA QUE SE FORMULA A CONTINUACIÓN. SU
OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE. GRACIAS.
