FRENTE A LA REALIDAD SALVADOREÑA

 

LOS GÚISQUILES DE NUESTROS HUERTOS CASEROS  
(Con un click aumenta la imagen)

  

 

 

El mentireológico nacional

La tarea de predecir el tiempo es inmemorial. Nuestros indígenas mayas eran expertos para la época, en astronomía y seguramente que tenían un acervo de conocimientos en lo que respecta al régimen de lluvias.

De allí tal vez, la tradición de nuestros abuelos de pronosticar el inicio de la estación lluviosa con base a las famosas cabañuelas que eran las lluvias tenues de enero. Si éstas ocurrían el primero de aquel mes, significaba que el invierno se iniciaría en mayo. Si tardaban más allá de aquella fecha, era que la entrada de las lluvias se generalizaría hasta en el mes de junio.

Por otra parte, si las chiltotas hacían sus nidos muy bajos, era señal que habría muchas tormentas huracanadas en el año. De acuerdo a aquellas señales, ellos hacían sus preparativos para la siembra del maíz y del frijol.

En cuanto a la salida del invierno, era muy importante ver las bandadas de azacuanes que pasaban de norte a sur; que llegaban alejándose del frío para disfrutar del cambio de estación en el hemisferio sur. Entonces nuestros abuelos tomaban sus providencias para el verano que se aproximaba.

Somos conscientes que en los últimos treinta años,  el clima se ha puesto tan loco como nuestros políticos y que es bastante difícil predecir con algunos meses de anticipación cómo se va a dar el régimen de lluvias o de la temporada seca.

Es posible que con el cambio climático, aún en los países desarrollados este problema no sea tan fácil de resolver. No digamos en nuestro país, en donde todavía usamos equipos de meteorología que trajo Cristóbal Colón y en donde los expertos en este campo se cuentan con los dedos de la mano. Además, como los salvadoreños siempre tenemos un sexto sentido y nadamos contra corriente, sacamos el paraguas cuando nos dicen que no va a llover o lo dejamos en casa cuando anuncian lluvias; pues la credibilidad en los pronósticos oficiales es muy poca.

Pero la reacción popular no es infundada. El año pasado, por ejemplo, algunos altos funcionarios del ramo de medio ambiente y de agricultura metieron las extremidades en forma estrepitosa, en eso de las adivinaciones climáticas. Allá por los meses de junio y julio del 2010, previnieron a los agricultores que no sembraran en agosto, pues el régimen de lluvias se extendería hasta noviembre. Muchos agricultores siguiendo la recomendación, hicieron su segunda siembra muy tarde, con las catastróficas consecuencias que el invierno se acabó pronto y se perdieron en el país unas dos terceras partes de la producción de granos básicos. En países más exigentes, tales funcionarios mentireólogicos habrían pagado con la separación de sus cargos, por los daños que sus lamentables premoniciones causaron a la población.

Con la entrada del presente invierno, ha sucedido lo mismo. Anunciaron que se iniciaría a principios de mayo y recomendaron sembrar a partir del 21 de mayo de manera generalizada. Y es más, se atrevieron a presagiar que las lluvias serían más copiosas en la zona paracentral y en el occidente y  muy débiles en el oriente del país. Sin embargo, aparte de algunas lluvias a principios de mayo no volvió a llover, si no hasta principios de junio cuando cayeron unas cuantas lluvias débiles en forma no apta para sembrar. Y en donde más llovió fue en el oriente del país, contrario a lo pronosticado por las fuentes oficiales.

Dados los resultados anteriores, tal vez lo más recomendable sería que nuestros agricultores constaten que los azacuanes han pasado hacia el norte y sigan su instinto tradicional para cerciorarse de la entrada definitiva de la estación lluviosa antes de efectuar sus siembras.

Y en cuanto a los titulares de Medio Ambiente, de Protección Civil y de Agricultura, sería mejor que escuchen atentamente, si están cantando de manera insistente los chontes, antes de hacer sus anuncios de posibles lluvias. Otra alternativa, es que contraten los servicios del Mago Fanci o del Mago Yin, antes de hacer sus pronósticos en forma tan anticipada y errática.

 -

 Un gobierno igual a los otros  en el uso de los recursos y en algunas decisiones

Se dice que las comparaciones son odiosas, pero en política resultan muy convenientes, especialmente cuando en la campaña presidencial se nos vendió hasta la saciedad, el spot del cambio.

Debo decir que yo fui de los que apoyé un posible gobierno de Mauricio Funes, por lo que con mayor razón debo decir lo que ahora no me parece bien.

Y digo que el actual es un gobierno igual a los anteriores, pues los cambios, a no ser por las personas nombradas en los cargos de primera línea, son escasos en temas fundamentales como el que nos ocupa.

Por ejemplo, una de las acusaciones fuertes del candidato presidencial Mauricio Funes en la campaña, fue el gasto excesivo del gobierno anterior en publicidad; pero a mí me parece que lo mismo sucede con el gobierno actual. Con el agravante, que la situación de crisis económica se ha empeorado y que los recursos del estado son cada vez más escasos.

Otro tema importante, es el elevado nivel de endeudamiento externo en que se ha sumido al estado, que ya sobrepasa el 54% del PIB; cuando el FMLN, actual partido de gobierno, se opuso en años pasados a aprobar préstamos, señalando que llegar al 40% del PIB era muy peligroso.

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior, es el caso del BID  que aprobó en el año dos mil diez,  19 operaciones por un monto cercano a los 500 millones de dólares; y para el dos mil once, espera aprobar siete préstamos por un monto aproximado de 300 millones, según lo expresó la gerente de dicho banco para Centroamérica, en febrero pasado. Es decir, que la situación es mucho más seria en cuanto al endeudamiento que en el pasado.  

Otro tema que para mí es tremendamente importante y que no tiene visos de corrección, son los desmedidos gastos no esenciales que debieran ser corregidos al menos como muestra de que algo se hace en materia de austeridad, cuando las finanzas del estado son tan críticas. Es el caso de de la gran cantidad de esquela mortuorias en los periódicos, cuando fallecen familiares cercanos de altos funcionarios públicos y de empleados de segundo y hasta de tercer nivel. Cada esquela no cuesta menos de unos quinientos dólares. Y esto ocurre en toda la Administración Pública. En este caso, si tanta es la consternación por la persona fallecida, tales esquelas debieran pagarse con los fondos propios de los firmantes y no con las contribuciones de todos los salvadoreños que pagamos los impuestos. Y esto se pudiera corregir con sólo una circular del Ministerio de Hacienda en la que se indique que tales gastos no son elegibles de pago en ninguna circunstancia.

Lo mismo se puede decir, de los innumerables viajes de funcionarios,  comenzando por el Presidente de la República que se acompaña de comitivas excesivas y muchas veces innecesarias y que seguramente engrosan los gastos de la partidas medio secretas de Casa Presidencial.

Como en mi caso, me tocó viajar algunas veces en misión oficial, cuando ostenté cargos de director o de jefe de departamento en el estado, debo aclarar que lo hice, con cargo a fondos de organismos internacionales que pagaron mis viajes y viáticos y que yo recuerde, nunca viajé con cargo a partidas de fondos del gobierno. Es más, debo señalar que en la mayor parte del conflicto bélico, el Gobierno del Presidente Duarte prohibió toda salida al exterior que implicara gastos con cargo a los fondos del gobierno y que no fuera de estricta necesidad.

Otro caso interesante es lo que ocurre en el Ramo de Relaciones Exteriores. Cuando se debieran priorizar los gastos del servicio exterior, se tiene la impresión que se han abierto nuevas representaciones diplomáticas en nuevos países con nombramiento de nuevos funcionarios y creación de oficinas, sin que probablemente se haya hecho un estudio a profundidad de los beneficios de lo que ello implica en gastos para el erario nacional. En este sentido, debo recordar que hasta países desarrollados utilizan el mecanismo de las representaciones concurrentes (los diplomáticos residen en un país  de la región en el que tienen representación y son acreditados ante uno o más estados ) y por qué no debiera hacerse en el caso de un país pobre como el nuestro. También existe la modalidad de misiones diplomáticas conjuntas en las que dos  o más estados acreditantes abren una embajada en el mismo país receptor y comparten las mismas instalaciones para ahorrar recursos. Esta sería una modalidad adecuada para países centroamericanos como se ha señalado tantas veces, pero que no se lleva a la práctica.

Siempre en el campo de la política exterior, sabemos que normalmente se pagan cuotas de membrecía y una serie de contribuciones a organismos internacionales que en algunos casos, muy poco aportan a los intereses nacionales. Sobre este tema debo mencionar que en el año 1985, la Dirección que yo dirigía en el antiguo MIPLAN hizo un estudio de costo beneficio de pagos a organismos internacionales y en muchos casos se comprobó que se hacían pagos con cargo al erario nacional mucho mayores que los beneficios que se recibía de los mismos. Este tipo de estudios puede llevar a decisiones, si no de alejarse de tales organismos,  al menos de pedir moratorias en los pagos de membrecía o de obtener mayores aportes de cooperación internacional.

Por otra parte, es muy prestigioso para el país ser sede de reuniones de organismos internacionales, pero tales eventos cuestan un ojo de la cara y los resultados aparte de las excelentes declaraciones son de escaso beneficio para el país.

Lo que quiero indicar, es que debe estimarse la capacidad real del erario nacional para comprometer fondos sólo por mantener la tradición y una mal entendida solidaridad internacional de un país clasificado como de renta media,  pero que en la práctica es de renta baja, dada baja disponibilidad de recursos financieros estatales.

Para terminar sólo quisiera señalar un poco fuera de tema, otra característica del gobierno actual y que se acaba de demostrar al cumplirse el segundo aniversario, y es el uso de la famosa “rueda de caballitos” en el nombramiento de los mismos funcionarios de una cartera a otra del estado; lo que demuestra que en algunos casos, los nombramientos no se hacen por la idoneidad de las personas, sino más bien para mantener a las mismas personas en importantes puestos del gabinete de gobierno.

Y otro hecho importante que debiera ser corregido, es que personas extranjeras sean nombradas en puestos de primer nivel, cuando bien podrían fungir como asesores. Este dato pareciera indicar cierto menosprecio por los nacionales que pueden tener similares o mejores capacidades para desempeñar tales cargos.

Como reflexión final, quisiera señalar que de no aplicar los correctivos necesarios sobre el uso de los recursos y las medidas de austeridad que se hacen urgentes, este gobierno dejará al próximo, con serias lagunas financieras en el erario público, como sucedió hace dos años.

Nuestro mundillo Político

El avispero está alborotado

Después de dos meses de haber escrito sobre el tema, el ambiente salvadoreño se ha visto inmerso en una vorágine de hechos propios de un país tremendamente atrasado en materia política, especialmente en el campo electoral.

En este corto período, las aguas comenzaron a subir de nivel, debido al fuerte impulso dado a la campaña electoral, bajo el pretexto de la selección de los candidatos a alcaldes, así como los  comentarios y la publicidad excesiva en ocasión del segundo aniversario del gobierno del Presidente Funes y de los gobiernos locales.  

Gran parte de la atención se centró primeramente en las discusiones relativas a las reformas electorales, a raíz de las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional. Las primeras sentencias de inconstitucionalidad de la mencionada Sala, se emitieron en el 2010 y se referían a: las candidaturas independientes y las listas cerradas de candidatos a diputados; y los artículos 2 y 6 de la ley del presupuesto, relacionados con el uso de fondos destinados a la Presidencia de la República (partidas secretas).

Pero las sentencias que más alborotaron el panal de los intereses partidarios, han tenido lugar en lo que va del año 2011 y se referían a: la proporcionalidad del número de diputados de acuerdo a la población en las circunscripciones electorales;  la inconstitucionalidad del Decreto  586 emitido en el 2005, que dejó vivos a los partidos de derecha PCN y PDC después de las elecciones de 2004, sin haber alcanzado los votos necesarios y su consecuente cancelación de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral; y la inconstitucionalidad del Decreto  por el que se nombró magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a Julio Moreno Niños del PCN y Oscar Morales Herrera del PDC y su consecuente destitución.

Las decisiones de la Sala de lo Constitucional que implicaron la supresión del PCN y el PDC, más el temor por nuevas sentencias en temas que fueron aprobados en el pasado, como la Ley de Amnistía y el TLC  con los Estados Unidos, se convirtieron en un verdadero tsunami  político entre los partidos de derecha, el FMLN y hasta la Presidencia de la República. Tales temores condujeron a los diputados de derecha a que aprobaran de emergencia el Decreto 743 y que persuadieran al Presidente de la República para que lo sancionara como ley, el mismo día. El decreto se refería a una reforma a la Ley Orgánica Judicial para que la Sala de lo Constitucional emita los fallos en adelante por unanimidad. Este decreto iba con dedicatoria contra 4 de los magistrados de la Sala que han tenido la oposición, en casi todas las sentencias mencionadas, del quinto magistrado Néstor Castaneda, un hombre plegado a la derecha. Además el decreto lleva la saña de la temporalidad, pues tendría vigencia hasta el término del período en que deben ser nombrados nuevos magistrados.

Aunque el decreto 743 no recibió los votos del FMLN, este partido ha demostrado con sus actuaciones que estaba de acuerdo con él, ya que se niega a que sea derogado según lo propuso ARENA,  partido éste último, que se ha mostrado públicamente arrepentido de haber dado sus votos para aprobarlo, una vez que considera que la ley de amnistía emitida como resultado del Acuerdo de Paz, no sería declarada inconstitucional. Como se sabe, aquella ley fue emitida para dar por olvidados, delitos políticos cometidos por militares y guerrilleros; y presentaba algunos visos de inconstitucionalidad por haberse emitido en el mismo período presidencial (1993) cuando se cometieron varios delitos, contraviniendo el Art. 244 de la Constitución.

En la aprobación del decreto 743 también fue presionado el Presidente de la República que probablemente mal asesorado, ha ayudado a que el problema se complique, haciéndose parte, junto a la Asamblea Legislativa, de una intromisión en el Poder Judicial y por lo tanto, entrando a un túnel oscuro que atenta contra la institucionalidad y la independencia de los órganos del estado, contraviniendo el Art. 86 de la Constitución de la República.

En un análisis resumido de la situación, se puede afirmar que los temas que comenzaron a alborotar el avispero,  fueron las primeras sentencias de inconstitucionalidad dictadas por los 4 magistrados Florentín Meléndez, María Luz Regalado, José Belarmino Jaime , Rodolfo González y Sidney Blanco, nombrados en julio de 2009; pero que las últimas sentencias y el temor por otras que pudieran darse, ha hecho que estallara una verdadera bomba en las cúpulas partidarias y que las represalias contra los cuatro magistrados llegaran a su máxima expresión.

Debe decirse, para las personas un poco ajenas a nuestra realidad, que El Salvador es uno de los países más atrasados en cuanto al sistema político y al proceso electoral de América Latina. Y la razón fundamental es que las cúpulas partidarias han manipulado históricamente las leyes a su favor, irrespetando la institucionalidad señalada por la Constitución de la República y  limitando una verdadera participación del pueblo especialmente en el campo electoral.

En la misma Constitución existen disposiciones como el Art. 85 aprobado en 1983, en el fragor del conflicto interno, que otorgaron a los partidos políticos un blindaje y un rol desproporcionado que no responde a la época actual de supuesta transición hacia la democracia (Ver “Política electoral salvadoreña y sus bemoles”,  en este mismo blog, en el siguiente sitio: http://ramirovelasco.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Sin embargo, a pesar de disponer de un marco legal que ya otorga  privilegios desmedidos a los partidos políticos, éstos, incluyendo al FMLN que muchos consideraban en el pasado que podría ser diferente a los partidos tradicionales,  han continuado manipulando las leyes para dar respuesta a sus intereses y se niegan a aceptar cualquier reforma que permita una mayor participación ciudadana en el campo político y electoral.

El criterio que ha llegado a ser una verdad absoluta para jugar con las leyes por parte de los partidos políticos, es que “así como se hacen las leyes, así se deshacen” sin importar las violaciones a la Constitución.

En el pasado, la Corte Suprema de Justicia fue un órgano al servicio de los intereses de los gobernantes de turno y de las dirigencias partidarias que siempre sumaron los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para hacer y deshacer las leyes de acuerdo a sus intereses. Y en este último Órgano, los diputados tradicionalmente han votado según lo indica la cúpula partidaria y no como lo ordena la Constitución de la República, Artículo 125, que textualmente dice: “Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo…”

Frente a esa situación caótica, cuatro magistrados valientes de la Sala de lo Constitucional comenzaron a resolver recursos de inconstitucionalidad interpuestos por personas progresistas, ante decretos arbitrarios e inconsultos dados en el pasado, tal como lo establece la norma constitucional.

Las sentencias de la Sala por supuesto, han repercutido en las dirigencias partidarias que fueron responsables de leyes, decretos y resoluciones amañadas, especialmente en el campo electoral. Tales dirigencias, de lo que se ha dado en llamar la “clase política”,  han querido seguir la tónica del pasado que era presionar utilizando el poder político y corregir la plana con nuevos decretos ley, hechos a conveniencia. Pero las cosas han cambiado y por fin una Sala de lo Constitucional honorable, hace valer lo que dicta la Constitución de la República y ha demostrado que no está dispuesta a prestarse a manipulaciones partidarias o de poder político.

Lo importante en este escenario, es que ha aparecido otro actor importante que se llama sociedad civil que se está enfrentado de manera ejemplar contra los poderes tradicionales que representan los partidos políticos. Basta ver las decenas de pronunciamientos y manifestaciones de ONGs, instituciones progresistas académicas, de organizaciones populares, de la empresa privada, nuevos grupos de jóvenes y de ciudadanos y ciudadanas independientes que apoyamos a la Sala de lo Constitucional.

Ojalá que las cúpulas y todos los partidos políticos no sólo traten de apagar el incendio ocasionado en esta coyuntura, si no que atiendan la posición de la mayor parte de la sociedad civil en apoyo a las actuaciones de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y de las reformas urgentes que requiere el sistema político salvadoreño.

 POR FAVOR, CONTESTE LA PREGUNTA QUE SE FORMULA A CONTINUACIÓN. SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE. GRACIAS.