FLORES DE UNA MAÑANA EN NUESTRA CASA
COMENTANDO UNA
NOTICIA DE NUESTROS PERIÓDICOS (Entrega Nº 1)
Estamos en
el mes de octubre y recordamos para comenzar, aquella frase tradicional en El
Salvador de que “octubre todo lo descubre”. Y esa es la intención de este
escrito, que aunque toma en cuenta elementos de lo que viene ocurriendo desde
hace mucho tiempo, ahora damos nuestra opinión sobre asuntos coyunturales, a
pocos meses de que termine el año.
Y nos
referimos en esta oportunidad, a uno de los titulares recientes de los
principales diarios salvadoreños. La primera noticia se publicó el veintisiete
de septiembre y decía: “Diez de los
jueces más denunciados y que
tienen más expedientes abiertos”.
Los datos que
proporcionaba la noticia, fueron dados a conocer por la propia Dirección de
Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia e incluyen casos que se
remontan hasta quince años atrás y que responden a denuncias hechas por
personas que se vieron afectadas por los fallos, por decisiones tomadas, por negligencias
en los procesos, por abusos cometidos en cuanto a cobros excesivos, así como por
acosos y amenazas recibidas de los jueces demandados.
La noticia
se relaciona también con otra aparecida unos días antes, en la que se informó
de los traslados de varios jueces hechos por la Corte Suprema de Justicia especialmente
en el Gran San Salvador y con la aparecida el cinco de octubre pasado, en la
que algunos jueces trasladados a Santa Tecla señalaron que el Tribunal de
Sentencia de aquella localidad pudiera colapsar en tres meses debido a la
cantidad de expedientes que encontraron rezagados; es decir, pendientes de
tramitar. Y una de las razones que señalaron para tal mora judicial, es el
limitado personal para atender la demanda de casos y llevar a cabo las
diligencias correspondientes.
De la
noticia y de otras publicaciones periodísticas hechas en el pasado, se deducen
problemas en cuanto a los jueces como los siguientes: existe una gran
disparidad entre los juzgados y algunos, como Santa Tecla, están saturados de
demandas y no cuentan con el personal suficiente; otra razón probablemente es
la famosa “pachorra” muy propia de las oficinas encargadas de impartir justicia
y los engorrosos procesos burocráticos establecidos; además, la limitada
incidencia de instancias que tienen atribuciones sobre el tema de los jueces
como el Concejo Nacional de la Judicatura que no ha mostrado tanta eficiencia y
que pasó tanto tiempo desintegrado por la falta de acuerdos en la Asamblea
Legislativa, hasta finales de este septiembre pasado, cuando se completó el
número de concejales que lo integran.
Otro problema
serio en el sistema de justicia es la corrupción galopante que se sabe ha
estado presente siempre y que ha sido un secreto a voces. Tal corrupción, consiste en la compra de voluntades de los
jueces, especialmente por gente involucrada en delitos del crimen organizado, del
narco tráfico y de los llamados delitos de cuello blanco.
El tema de
la inadecuada gestión e impartición de justicia se remonta también a muchas décadas
atrás en la historia de El Salvador y se puede resumir especialmente en la incapacidad
y falta de voluntad para investigar los delitos, la gran impunidad sobre tantos
casos que debieran haberse procesado, la elevada mora judicial, así como la parcialidad
en el tratamiento a los delincuentes y de los fallos emitidos.
Uno de los
líderes que reclamó fuertemente contra la impunidad y la falta de investigación
del delito en el sistema de justicia salvadoreño fue el Obispo Mártir, Monseñor
Oscar Arnulfo Romero. De todos es conocida aquella frase pronunciada en su
homilía del veinte de agosto de 1978 y que cito textualmente: “Porque me decía
un pobrecito una frase que no se les va a olvidar a ustedes, como no se me
olvida a mí: -"Es que la ley Monseñor, es como la culebra, sólo pica a los
que andamos descalzados". Allí recogemos también, pronunciamientos de
repudio. Son voces del pueblo que hay que oír”…
Las
denuncias de Monseñor Romero sobre la necesidad de cambios en el sistema de
justicia, seguramente que tuvieron incidencia en que fuera uno de los temas incluidos
en los Acuerdos de Paz de 1992. Y que como
resultado de tales acuerdos, se hicieran reformas constitucionales que dieron
paso a que se reorganizara la Corte Suprema de Justicia, se modificara la
elección de los magistrados de la misma y que se cambiara la asignación presupuestaria
anual a la Corte Suprema de Justicia con un porcentaje no inferior al seis por
ciento de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, supuestamente para
disponer de los recursos necesarios para que el sistema operara en forma
eficiente.
Pero qué
paradoja, ahora algunos de los efectos de tales acuerdos han sido criticados
por funcionarios del gobierno actual del FMLN
y también de ARENA que probablemente se arrepienten de las mismas
propuestas que ellos mismos hicieron en su momento y que firmaron hace
veinticuatro años.
En ese
mismo sentido, se pueden señalar las expresiones del Ministro de Hacienda sobre
la gran disponibilidad de fondos de la Corte Suprema que se utilizan para la elevación
de salarios en forma muy desproporcionada a otros órganos del estado, el otorgamiento
de bonos a empleados, gastos de viajes, etc. mientras otras instituciones del
Ministerio Público y de otros órganos de gobierno sufren de escasez de fondos
en su presupuesto.
Y en
cuanto a la independencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional,
funcionarios que ocupan cargos importantes en el Órgano Ejecutivo y en la
Asamblea Legislativa han dado a entender que tales magistrados responden a
otros intereses que no son necesariamente los del gobierno o del partido de
gobierno y tales magistrados hasta han sido objeto de atropellos en
manifestaciones sufragadas probablemente por organizaciones vinculadas al mismo
partido gobernante.
Pero yendo
más lejos y aplicando la frase de Monseñor Romero, cómo se comprueba que la aplicación
de la ley sigue mordiendo al pobre como la culebra, pues a los grandes
gobernantes y personas adineradas no se les ha aplicado el verdadero peso de la
ley por varias razones, algunas seguramente vinculadas a la compra de
voluntades de los mismos jueces.
Los casos de
impunidad están a la vista, especialmente cuando se ha tratado de juzgar actos de
corrupción y otros delitos vinculados, que a pesar de haberse comprobado
fuertes indicios de haber sido cometidos, terminan o terminarán siendo
sobreseídos, es decir absueltos, con el argumento de que ha faltado la
demostración de causas que justifiquen la acción directa de la justicia.
El tema de
la aplicación de la justicia es algo que merece y debe recibir un tratamiento y
una atención de primer orden, pues algunos esfuerzos de mejora hechos en los
últimos tiempos se quedan apenas en pequeños intentos de cambio. Y es que todo
el sistema no parece tener solución, porque a la base están los jueces y todo
un aparato jurídico que debiera ser sometido a una cirugía mayor.
¿Pero cómo
podrá ser objeto de transformación la administración de la justicia, si entre
los abogados y los aplicadores de justicia existe aquella premisa que el pueblo
dice y entiende muy bien: que “chucho no come chucho y si come no come mucho”?.
Es decir, existe la convicción popular que los abogados y en este caso los
vinculados a la aplicación de la justicia son como históricamente lo fueron los
militares, que entre ellos existe una solidaridad mal entendida que es capaz,
de que aún a sabiendas de malos procederes y de comportamientos antiéticos, los ocultan a toda
costa para no dañar al gremio y mantener el estado de cosas tal como se
encuentra.
Por ello, los
gestos y apenas pequeñas muestras de cambio llevadas a cabo por gente valiente
como los magistrados de la Sala de lo Constitucional y últimamente del Fiscal
General, merecen todo el respeto y apoyo del pueblo, que es en última instancia
el Soberano de la República.
Desde esta
pequeña palestra, nos unimos a las voces que piden cambios urgentes en el
sistema de justicia y animamos a las personas honestas y responsables de diseñar
las políticas y de tomar decisiones, que actúen lo más pronto posible para
proponer la mejora del marco legal existente, que trabajen sin descanso en la
aplicación de la justicia en forma más eficiente como lo ordena la ley y que
sigan adelante en la búsqueda de buenas prácticas, aunque sea contra viento y
marea, porque así lo desea y lo exige el
pueblo salvadoreño.
