OCTUBRE TODO LO DESCUBRE

FLORES DE UNA MAÑANA EN NUESTRA CASA

COMENTANDO UNA NOTICIA DE NUESTROS PERIÓDICOS (Entrega Nº 1)

Estamos en el mes de octubre y recordamos para comenzar, aquella frase tradicional en El Salvador de que “octubre todo lo descubre”. Y esa es la intención de este escrito, que aunque toma en cuenta elementos de lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, ahora damos nuestra opinión sobre asuntos coyunturales, a pocos meses de que termine el año.

Y nos referimos en esta oportunidad, a uno de los titulares recientes de los principales diarios salvadoreños. La primera noticia se publicó el veintisiete de septiembre y decía: “Diez de los  jueces más denunciados y que  tienen más expedientes abiertos”.

Los datos que proporcionaba la noticia, fueron dados a conocer por la propia Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia e incluyen casos que se remontan hasta quince años atrás y que responden a denuncias hechas por personas que se vieron afectadas por los fallos, por decisiones tomadas, por negligencias en los procesos, por abusos cometidos en cuanto a cobros excesivos, así como por acosos y amenazas recibidas de los jueces demandados.

La noticia se relaciona también con otra aparecida unos días antes, en la que se informó de los traslados de varios jueces hechos por la Corte Suprema de Justicia especialmente en el Gran San Salvador y con la aparecida el cinco de octubre pasado, en la que algunos jueces trasladados a Santa Tecla señalaron que el Tribunal de Sentencia de aquella localidad pudiera colapsar en tres meses debido a la cantidad de expedientes que encontraron rezagados; es decir, pendientes de tramitar. Y una de las razones que señalaron para tal mora judicial, es el limitado personal para atender la demanda de casos y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De la noticia y de otras publicaciones periodísticas hechas en el pasado, se deducen problemas en cuanto a los jueces como los siguientes: existe una gran disparidad entre los juzgados y algunos, como Santa Tecla, están saturados de demandas y no cuentan con el personal suficiente; otra razón probablemente es la famosa “pachorra” muy propia de las oficinas encargadas de impartir justicia y los engorrosos procesos burocráticos establecidos; además, la limitada incidencia de instancias que tienen atribuciones sobre el tema de los jueces como el Concejo Nacional de la Judicatura que no ha mostrado tanta eficiencia y que pasó tanto tiempo desintegrado por la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa, hasta finales de este septiembre pasado, cuando se completó el número de concejales que lo integran.

Otro problema serio en el sistema de justicia es la corrupción galopante que se sabe ha estado presente siempre y que ha sido un secreto a voces. Tal corrupción,  consiste en la compra de voluntades de los jueces, especialmente por gente involucrada en delitos del crimen organizado, del narco tráfico y de los llamados delitos de cuello blanco.

El tema de la inadecuada gestión e impartición de justicia se remonta también a muchas décadas atrás en la historia de El Salvador y se puede resumir especialmente en la incapacidad y falta de voluntad para investigar los delitos, la gran impunidad sobre tantos casos que debieran haberse procesado, la elevada mora judicial, así como la parcialidad en el tratamiento a los delincuentes y de los fallos emitidos.

Uno de los líderes que reclamó fuertemente contra la impunidad y la falta de investigación del delito en el sistema de justicia salvadoreño fue el Obispo Mártir, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. De todos es conocida aquella frase pronunciada en su homilía del veinte de agosto de 1978 y que cito textualmente: “Porque me decía un pobrecito una frase que no se les va a olvidar a ustedes, como no se me olvida a mí: -"Es que la ley Monseñor, es como la culebra, sólo pica a los que andamos descalzados". Allí recogemos también, pronunciamientos de repudio. Son voces del pueblo que hay que oír”…

Las denuncias de Monseñor Romero sobre la necesidad de cambios en el sistema de justicia, seguramente que tuvieron incidencia en que fuera uno de los temas incluidos en los Acuerdos de Paz de 1992.  Y que como resultado de tales acuerdos, se hicieran reformas constitucionales que dieron paso a que se reorganizara la Corte Suprema de Justicia, se modificara la elección de los magistrados de la misma y que se cambiara la asignación presupuestaria anual a la Corte Suprema de Justicia con un porcentaje no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, supuestamente para disponer de los recursos necesarios para que el sistema operara en forma eficiente.

Pero qué paradoja, ahora algunos de los efectos de tales acuerdos han sido criticados por funcionarios del gobierno actual del FMLN  y también de ARENA que probablemente se arrepienten de las mismas propuestas que ellos mismos hicieron en su momento y que firmaron hace veinticuatro años.

En ese mismo sentido, se pueden señalar las expresiones del Ministro de Hacienda sobre la gran disponibilidad de fondos de la Corte Suprema que se utilizan para la elevación de salarios en forma muy desproporcionada a otros órganos del estado, el otorgamiento de bonos a empleados, gastos de viajes, etc. mientras otras instituciones del Ministerio Público y de otros órganos de gobierno sufren de escasez de fondos en su presupuesto.

Y en cuanto a la independencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, funcionarios que ocupan cargos importantes en el Órgano Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa han dado a entender que tales magistrados responden a otros intereses que no son necesariamente los del gobierno o del partido de gobierno y tales magistrados hasta han sido objeto de atropellos en manifestaciones sufragadas probablemente por organizaciones vinculadas al mismo partido gobernante.

Pero yendo más lejos y aplicando la frase de Monseñor Romero, cómo se comprueba que la aplicación de la ley sigue mordiendo al pobre como la culebra, pues a los grandes gobernantes y personas adineradas no se les ha aplicado el verdadero peso de la ley por varias razones, algunas seguramente vinculadas a la compra de voluntades de los mismos jueces.

Los casos de impunidad están a la vista, especialmente cuando se ha tratado de juzgar actos de corrupción y otros delitos vinculados, que a pesar de haberse comprobado fuertes indicios de haber sido cometidos, terminan o terminarán siendo sobreseídos, es decir absueltos, con el argumento de que ha faltado la demostración de causas que justifiquen la acción directa de la justicia.

El tema de la aplicación de la justicia es algo que merece y debe recibir un tratamiento y una atención de primer orden, pues algunos esfuerzos de mejora hechos en los últimos tiempos se quedan apenas en pequeños intentos de cambio. Y es que todo el sistema no parece tener solución, porque a la base están los jueces y todo un aparato jurídico que debiera ser sometido a una cirugía mayor.

¿Pero cómo podrá ser objeto de transformación la administración de la justicia, si entre los abogados y los aplicadores de justicia existe aquella premisa que el pueblo dice y entiende muy bien: que “chucho no come chucho y si come no come mucho”?. Es decir, existe la convicción popular que los abogados y en este caso los vinculados a la aplicación de la justicia son como históricamente lo fueron los militares, que entre ellos existe una solidaridad mal entendida que es capaz, de que aún a sabiendas de malos procederes y de  comportamientos antiéticos, los ocultan a toda costa para no dañar al gremio y mantener el estado de cosas tal como se encuentra.

Por ello, los gestos y apenas pequeñas muestras de cambio llevadas a cabo por gente valiente como los magistrados de la Sala de lo Constitucional y últimamente del Fiscal General, merecen todo el respeto y apoyo del pueblo, que es en última instancia el Soberano de la República.

Desde esta pequeña palestra, nos unimos a las voces que piden cambios urgentes en el sistema de justicia y animamos a las personas honestas y responsables de diseñar las políticas y de tomar decisiones, que actúen lo más pronto posible para proponer la mejora del marco legal existente, que trabajen sin descanso en la aplicación de la justicia en forma más eficiente como lo ordena la ley y que sigan adelante en la búsqueda de buenas prácticas, aunque sea contra viento y marea, porque  así lo desea y lo exige el pueblo salvadoreño.