OTRO SEPTIEMBRE PATRIÓTICO

NUESTRAS FLORES DE SEPTIEMBRE

SIEMPRE TE SEGUIRÉ

Siempre te seguiré como los pericos

siguen la luz del sol…

Y sólo me detendré al término del día,

cuando entre la última noche

tal vez tachonada de estrellas,

pero triste por la despedida.

Y entonces, si hacemos un recuento,

hablaremos de los años sin meses,

de los meses sin días y sin horas;

pues cuando estuvimos juntos

se detuvo el tiempo para dejar espacio

a nuestros locos deseos y ocurrencias.

¿Seguirte, siempre?

Qué compromiso más raro.

Seguirte, aunque por la magia

de los sueños y de los avatares

de la vida, nos quedemos sin alas

para seguir volando.

Seguirte, aunque se termine el aliento

y la distancia nos borre el camino;

Y sólo quede el murmullo del viento

y los rastros tenues de una nube.

Seguirte y aprisionarte siempre,

como ahora con el pensamiento.

Ramiro Velasco, septiembre 2019

APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA POLÍTICA SALVADOREÑA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. RECOPILACIÓN DE ALGUNOS ESCRITOS DE RAMIRO VELASCO. (Cuarta Parte)

Esta vez quiero compartir con los amigos y amigas lectores, tres artículos que escribí en el año 2015 y que he seleccionado de una media docena de los escritos aquel año.

El propósito como lo he expresado antes, es traer de nuevo tales reflexiones para constatar si lo que se describe, tiene aplicación a la situación actual del país; con el fin de evitar los abusos de poder, la apropiación indebida de los recursos del Estado y cualquier desatino en materia de “política” que es tal vez la más elevada forma de convivencia colectiva.

Esto escribí en febrero de 2015.

EL JUEGO DE LA POLÍTICA

En la terminología utilizada por los politólogos es frecuente la utilización de términos como escena política, actores políticos, palestra, imagen pública, etc. Y es que en verdad en la política sucede lo que en el teatro, existen actores que desarrollan determinados papeles, según el libreto o los intereses de los partidos políticos o los centros de poder a los que ellos responden. Y en ese escenario político, los actores representan o actúan siguiendo los patrones que les dictan la ideología partidaria y mayormente las cúpulas partidarias que al final responden a grupos de interés a los que representan.

Como se sabe, en el mundo de la política existen dos dimensiones, una es la del deber ser que se recoge  por ejemplo, en el ámbito constitucional y la otra, la que se muestra en el terreno de la acción, cuando se realiza un determinado comportamiento del político. Así por ejemplo, a nivel del deber ser, la Constitución de la República de El Salvador, establece en su Artículo 125 que “los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo.” Sin embargo, en el ámbito de las actuaciones sucede todo lo contrario y por lo general los diputados han respondido históricamente a los intereses de las cúpulas partidarias en la aprobación de determinadas leyes.

Pero volviendo al juego político, resulta interesante constatar cómo mucha gente seguidora de un partido político toma tan en serio lo que en verdad es sólo un juego. Si no, veamos los pleitos tan frecuentes entre los fanáticos partidarios que son capaces en un momento dado de sacar una pistola o un machete para defender la propaganda electoral, las consignas del partido o la figura de su candidato, cuando éste despierta tanta simpatía y atracción, pero que no hace más que embelesar a su público e ilusionarlo tras una idea o una propuesta. O  lo que sucede frecuentemente en un foro como la Asamblea Legislativa, cuando en la plenaria los diputados se sacan los trapos al sol en una pugna aparentemente irreconciliable en la que actúan para las cámaras, mientras que al encontrarse en los pasillos o en otra circunstancia, se abrazan o dan la mano como lo hacen los colegas o los amigos.

Para actuar en el juego de la política el verdadero político debe tener dotes como la tolerancia, el don de gentes, la astucia, el talento, la eficiencia, la capacidad de innovación, la decisión, la prudencia, la capacidad de concertación y la responsabilidad.

Por supuesto que en nuestro país es mucho pedir para nuestros diputados, muchos de los cuales no tienen ni la instrucción notoria que exige la Constitución y menos la formación política adecuada.

Y para el caso de una sociedad tan polarizada como la nuestra, es requisito indispensable que los políticos se empapen de la cultura de paz que pasa por la tolerancia a las ideas de los demás, el diálogo y la concertación.

Un ejemplo que es clásico en la historia política salvadoreña, es la figura del político de derecha, Francisco José Guerrero conocido más como el Chachi Guerrero, abogado distinguido y que fuera fundador del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Presidente de la Asamblea Legislativa, Canciller y Ministro de la Presidencia.

Al Chachi, se le reconoció en su momento como un hombre hábil, capaz de acercar posiciones entre los partidos principales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC)  y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) beligerantes a muerte en el ambiente político salvadoreño de los años ochenta.

Si entendiéramos que la política es realmente un juego, disminuiría como por arte de magia la polarización que es mantenida justamente en el caso de El Salvador, por las dos principales fuerzas políticas que vienen desde la guerra y que están constituidas en sus cúpulas por militantes de hueso duro a los que les conviene la división y que sus seguidores luchen por sus consignas, si es necesario con el machete desenvainado.

La población y los seguidores de a pie de los dos grandes partidos, debieran pensar que al final de cuentas, toda esa lucha partidaria que a veces se enciende al rojo vivo, es sólo una estratagema que se hace para lograr más votos y responder a los intereses del grupo que busca el poder político.

Por lo tanto, parte de la cultura política es tomar con cierta frialdad lo que los políticos nos quieren vender en ese mundillo que mueve tanto interés y emoción, especialmente en el marco de una coyuntura electoral.

Y en mayo de 2015 escribí:

EL SALVADOR UN PAÍS TRADICIONALMENTE PRESIDENCIALISTA Y CENTRALIZADO

Nuestro sistema de gobierno contrario a muchos países que adoptaron el federalismo como forma de administración del poder político, está organizado de manera centralizada.

Lo anterior significa que el poder político se ejerce de manera unitaria en todo el territorio nacional y local salvadoreño, sin que haya una división territorial del poder.  Lo que existe en todo caso, es una desconcentración limitada del poder. Mientras que en un sistema federal, el poder político se distribuye en dos ámbitos: el nivel federal con atribuciones que se aplican a nivel nacional y el nivel descentralizado constituido por estados, regiones, provincias, departamentos o comunidades con atribuciones propias y soberanas.

En teoría, el federalismo se estima más conveniente en países con gran territorio e importantes  diferencias culturales y sociales como los Estados Unidos de América, Alemania, Brasil, etc.

Mientras que el sistema centralista parece ser más conveniente en países territorialmente pequeños y sin mayores diferencias sociales y culturales en su población, como es el caso salvadoreño.

Cuando se habla de poder vertical se hace referencia a la distribución del poder político del estado, tanto en el ámbito central como en el de otras divisiones territoriales que desarrollan sus funciones sólo para esa parte del estado.

Y se considera poder horizontal, la distribución interna del estado en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Lo importante en el poder horizontal es que se debe dar una distribución equilibrada del poder y que existan los suficientes pesos y contrapesos para alcanzar lo que se denomina un balance en el poder entre los órganos del estado.

Para el caso salvadoreño,  además de organizarse el estado de una manera centralizada, se ha otorgado tradicionalmente un elevado poder al presidente del Órgano Ejecutivo respecto a otros Órganos, como lo explica  José  Alejandro Cepeda  en su artículo “El Presidencialismo en El Salvador: Análisis de su evolución a dos décadas del Proceso de Paz (1992- 2012”).[1]

Tal uso del poder según Cepeda, se debe por una parte, a la tradición presidencialista heredera del caudillismo del siglo XIX y que los Padres de la patria republicana concibieron de manera diferente a las experiencias parlamentarias de Europa; los contextos semicompetitivos y autoritarios de principios del siglo XX, la experiencia dolorosa del Martinato, los posteriores gobiernos militaristas y el rol de oligarquía hasta 1979, en lo que puede denominarse “hiperpresidencialismo” (siguiendo la clasificación de  Dieter Nohlen);  y una especie de transición hacia la democracia con el Gobierno del Presidente Duarte, Álvaro Magaña,  la Constitución Política de 1983 y el gobierno de Alfredo Cristiani, caracterizados por un “presidencialismo dominante” según la clasificación de Nohlen,  hasta los Acuerdos de Paz de 1992 y las elecciones de 1994, que representaron la consolidación del sistema de partidos políticos y la mayor importancia de la Asamblea Legislativa y de un sistema judicial más eficiente.

Cepeda, destaca además, la disminución de las atribuciones del presidente de la República en la actualidad, de acuerdo a la Constitución y que pasaron a ser prerrogativas de la Asamblea Legislativa, acabándose el desproporcionado alcance clientelar de que gozaba la cabeza del ejecutivo antes de 1983. Sin embargo, el mismo articulista menciona cómo el presidente, mantiene todavía “el derecho a elegir los gobernadores de cada departamento, lo cual demuestra la persistencia de un modelo más centralista, aunque a nivel municipal la democracia descentralizadora se ha extendido para la elección de los alcaldes y los concejos municipales, siendo éstos  autónomos económica, técnica y  administrativamente”.

Cepeda, menciona además cómo “el presidente tiene la atribución dentro del Consejo de Ministros de elaborar el plan general de gobierno y el presupuesto nacional a presentar en la Asamblea Legislativa. En este sentido, aunque el presidente en efecto sigue siendo determinante y fuerte, hay un mayor equilibro frente al legislativo desde la década de 1980 corroborado luego de 1992, pues el presidente así como ha cedido, también obliga al congreso a mantenerse reunido para trabajar, pues en caso tal podrían suspenderse las garantías constitucionales, así como convocarlo extraordinariamente en caso de necesidad”.

Más adelante el mismo articulista señala en cuanto a las fuerzas armadas, que “el presidencialismo en el Salvador consiguió un avance fundamental a partir de la década de 1980: al desmarcarse de la relación tutelar y de control directo por parte de las fuerzas armadas. Se trató de la superación del modelo que imperó entre 1948 y 1979, que promovía candidaturas oficialistas militares a la presidencia, lo que redundó en el

prolongado sistema político autoritario y semicompetitivo descrito… por lo que

a partir de 1992 no se puede hablar de un presidencialismo condicionado por lo militar”.

Después de un análisis exhaustivo sobre el tema, Cepeda termina clasificando al presidencialismo actual salvadoreño siguiendo a Nohlen, como un “presidencialismo reforzado” es decir más avanzado que el “Hiperpresidencialismo o dominante” pero menos, que el “Puro o equilibrado” como el de Estados Unidos de América y el  “Atenuado o el   Parlamentarizado”,  al incluir en el caso salvadoreño en los últimos tiempos, la participación de otros elementos del sistema político como las instituciones de control, el abanico partidista, los grupos de presión, la opinión pública y la sociedad civil.

Desde mi perspectiva, aunque el presidencialismo y las atribuciones del Órgano Ejecutivo, se han visto bastante disminuidas respecto a lo que eran hace treinta y tres años, persiste también un peso muy fuerte del ejecutivo, especialmente en el ámbito departamental y municipal; y más específicamente, en cuanto a la distribución de los recursos financieros del estado, la planeación y ejecución de acciones para una mayor atención a la población en el ámbito educativo, cultural, de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Lo que sugiere que hace falta a futuro, una reforma del estado desde tal perspectiva.

Por otro lado, pareciera que la disminución del presidencialismo ha significado un fortalecimiento de la partidocracia, a raíz de la introducción en la Constitución de la República vigente, del artículo 85 que establece que el sistema político se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. El artículo anterior, como lo hemos sostenido en este blog debiera ser reformado. (Ver sitio siguiente):    http://ramirovelasco.blogspot.com/2010_12_01_archive.html Pero esto último, es otro tema.

Y en Octubre de 2015, escribí:

UNA MAYOR CONCIENCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR

Sobre la corrupción en la Administración Pública escribimos una página hace 2 años, en agosto de 2013. Entonces señalábamos algunos avances sobre la acción punitiva de tales prácticas, más por la prensa que por las instituciones del Estado creadas para tal fin.  Ver sitio: http://ramirovelasco.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html

Hoy de nuevo podemos afirmar que gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, se constata en el ambiente salvadoreño, una mayor toma de conciencia de la población sobre los actos de corrupción de funcionarios públicos, especialmente de algunos muy conocidos, como diputados, ex ministros y ex presidentes de la República.

Esa mayor conciencia de la gente, se puede constatar también en los rápidos sondeos o espacios de opinión que hacen de vez en cuando, especialmente los medios radiales y televisivos sobre este tema. Y en ellos, se advierte en el ánimo de las personas en primer lugar, su condena por tales actos y después el llamado,  a que las instancias que tienen por misión atacar la corrupción, sean más eficientes y efectivas.

En las últimas semanas, periódicos como La Prensa Gráfica y El  Faro han divulgado importante información sobre personas en concreto que siendo empleados públicos, muestran un enriquecimiento excepcional de varios millones de dólares y sobre los que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia debe informar en su oportunidad, si tal enriquecimiento muestra alguna responsabilidad de ilícito de acuerdo a la ley.

Menos mal que la Corte Suprema de Justicia actual,  según lo comenta El Faro,  le ha devuelto algunas facultades a la Sección de Probidad, como la de pedir información a los bancos sobre funcionarios y ex funcionarios que muestren indicios de enriquecimiento ilícito, cosa que le fue prohibida por la Corte Suprema en el 2005, durante la gestión del Magistrado  Agustín García Calderón.  Debe recordarse que en aquel momento era Jefe de Probidad José Eduardo Cáceres, que de manera muy  noble y valiente renunció a dicho cargo, ante aquel atropello.

Ver más sobre este caso en el sitio: http://www.contrapunto.com.sv/politica/historia-de-la-ley-desdentada

La decisión de la Corte Suprema de Justicia ha permitido que en la Fiscalía se abra expediente al Diputado Reynaldo Cardoza para investigar el posible enriquecimiento ilícito y que la Sección de Probidad entregue este año, a solicitud del Instituto de Acceso a la Información, las auditorías a las declaraciones de patrimonio de los ex presidentes  Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. 

Como se sabe, existen en El Salvador, varias leyes que tienen que ver con el ataque a los actos de corrupción como las siguientes: Ley de Enriquecimiento Ilícito (1959 y reformas hasta 1992; Ley de la Corte de Cuentas de la República (1995 y reformas posteriores);   Ley de Ética gubernamental (2008); y  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2010).

Debe decirse que en El Salvador, existen varias instituciones creadas con el fin de fiscalizar el manejo de los recursos del estado y establecer responsabilidad administrativa y patrimonial, como la Corte de Cuentas de la República; como la Fiscalía General de la República para enjuiciar y castigar a los responsables de los malos manejos de los fondos públicos; y como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para comprobar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. También existen otras instancias creadas en años recientes,  como El Tribunal de Ética Gubernamental para contribuir a que se cumpla la Ley de Ética Gubernamental; y la Secretaría de Transparencia  y el Instituto de Acceso a la Información Pública, creados para hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información.  

El Gobierno por su parte creó no hace mucho tiempo, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador, sobre la que  se constata un buen avance, al menos con información de algunos casos, especialmente con apoyo de su Portal denominado “Transparencia Activa” ver sitio: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/

Sin  embargo, queda la duda si la información que recolecta esta Secretaría, se refiere a casos mayormente vinculados a la oposición política y a tiempos pasados y no a las últimas dos administraciones de gobierno.

En septiembre pasado,  también  el Gobierno salvadoreño por medio de la Secretaría de Transparencia y organizaciones civiles, lanzó  “el Observatorio Alianza para el Gobierno Abierto, un espacio para dar seguimiento y evaluar el compromiso de transparencia adquirido en el Plan de Acción 2014-2016”.

Con la Ley de Acceso a la Información Pública de 2010, Ver sitio:

http://accesoinformacionelsalvador.org/documentos/LEYDEACCESOALAINFORMACION.pdf  se establece especialmente la información oficiosa que deben hacer pública los órganos e instituciones del Estado; se crean oficiales de información en las instituciones y el rol y funciones de los Comisionados. En dicha ley en el Art 51, se crea también, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Debe decirse que con esta ley se dio un paso muy importante y que el Instituto ha venido mostrando mucha eficiencia en su labor.

Ley de Ética Gubernamental creada en el 2006, tiene como propósito, salvaguardar el patrimonio del estado; detectar la corrupción de los servidores públicos que utilicen los empleos para enriquecerse ilícitamente, aprovechando dichos cargos para beneficio personal.

Esta ley debiera ser conocida por todo empleado público, pero especialmente, los que ocupan cargos de dirección, tanto del Gobierno Central, de la Asamblea Legislativa, del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de las Municipalidades.

Tal vez vale la pena mencionar algunas de las prohibiciones explícitas de esta ley y cuyo incumplimiento es frecuente en El Salvador y que son las siguientes:

1. Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías, por acciones relacionadas con las funciones del cargo público.

2. Prevalecerse de su cargo público para obtener o procurar beneficios privados.

3. Desempeñar simultáneamente dos o más empleos en el sector público, salvo los casos permitidos en la ley.

4. Utilizar, para beneficio privado, la información reservada o privilegiada que obtenga en función de su cargo.

5. Negarse a proporcionar información de su función pública, exceptuando las que establecen la Constitución y la ley.

6. Intervenir en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga conflicto de intereses.

7. Nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten servicios en la entidad que preside o se desempeñe.

8. Discriminar a la persona en la prestación de un servicio del Estado por motivos de nacionalidad, raza, sexo, religión, ideología, opinión política, condición social o económica.

La ley mencionada, tiene deficiencias en su aplicación para imponer sanciones a los infractores y hasta la fecha no se ha conocido de casos condenatorios, cuando es evidente que muchos empleados públicos, tanto del gobierno central, de las municipalidades y de otros Órganos del Estado, infringen lo regulado en la ley.

El mismo Tribunal de Ética, cuerpo colegiado integrado por varios miembros y representativo de diferentes instituciones,  ha hecho una propuesta de reforma a dicha ley incorporando como sanciones, multas en vez de despidos de los empleados públicos;  que se pueda procesar a ex funcionarios;  y que el Tribunal pueda proceder de oficio en casos de violación a la ley.

Falta tanto por hacer para que se apliquen las leyes sobre la corrupción en El Salvador, que  junto a problemas estructurales y a la violencia, es un mal que debe ser combatido en forma permanente desde todos los niveles de la sociedad salvadoreña.

A manera de Conclusión:

Espero que los escritos puestos a consideración, hayan sido de interés para los amables lectores y que puedan contribuir en alguna medida, a ahondar la conciencia para mejorar el comportamiento político de nuestra sociedad salvadoreña.